Aunque el gobernador de Nuevo León, Samuel García, ha intentado deslindarse públicamente del debate presupuestal, su reciente advertencia de vetar el Paquete Fiscal 2026 evidencia una postura de presión directa sobre el Congreso local, particularmente contra las bancadas del PRI y del PAN, que han defendido ajustes al gasto público.
Legisladores de ambos partidos sostienen que las modificaciones al presupuesto responden a la necesidad de reordenar prioridades, garantizar controles y evitar que los recursos se utilicen con fines políticos o de imagen personal. En contraste, Samuel García ha acusado a la oposición de “rasguñar” el presupuesto y de frenar el desarrollo del estado, pese a que Nuevo León cuenta actualmente con el presupuesto más alto de su historia, superior a 160 mil 952 millones de pesos.
Desde el Congreso, PRI y PAN han señalado que el conflicto no radica en la falta de recursos, sino en la falta de resultados tangibles en temas clave como seguridad, movilidad, servicios públicos y atención a los ciudadanos. Legisladores cuestionan que, aun con cifras históricas de financiamiento, persistan problemas estructurales que no han sido resueltos por la actual administración.
En ese contexto, la advertencia de veto ha sido interpretada como una estrategia para presionar políticamente al Poder Legislativo y concentrar mayor control del gasto, más que como un esfuerzo genuino por fortalecer el desarrollo del estado. Incluso, declaraciones como “con o sin presupuesto, no nos detendrán” han sido vistas como un intento de trasladar responsabilidades y anticipar narrativas ante posibles señalamientos.
PRI y PAN han insistido en que el Paquete Fiscal debe responder a las necesidades reales de Nuevo León y no a proyectos de promoción política, subrayando que más dinero no garantiza mejores resultados cuando no existe una planeación efectiva ni rendición de cuentas clara.