En un movimiento clave para la soberanía industrial de México, el Gobierno Federal, encabezado por las secretarías de Economía y de Anticorrupción y Buen Gobierno, formalizó este 29 de abril de 2026 un acuerdo estratégico con las principales cámaras empresariales del sector siderúrgico y de la construcción (Canacero, CMIC y Canadevi). El objetivo central es blindar la producción nacional frente a las crecientes presiones del mercado global, como el «dumping» o la entrada de acero importado a precios que afectan la competitividad de las plantas mexicanas.
El plan se basa en el concepto de «compras públicas estratégicas». Esto significa que el Estado, al ser el principal constructor del país mediante megaproyectos de infraestructura y programas masivos de vivienda, dará prioridad absoluta al acero hecho en México. Marcelo Ebrard, Secretario de Economía, enfatizó que esta medida no solo busca reducir la dependencia de insumos extranjeros, sino garantizar la autonomía de las cadenas productivas nacionales. Por su parte, la industria se ha comprometido a una ambiciosa inversión de 8 mil millones de dólares y a mantener precios competitivos y abasto suficiente para no frenar el ritmo de las obras públicas.
Este acuerdo impactará directamente en la creación de empleo, protegiendo cerca de 90 mil puestos de trabajo directos y millones indirectos. Además, se alinea con la meta de construcción de vivienda social para este sexenio, considerando que cada hogar requiere en promedio entre 1.7 y 2 toneladas de acero. Con la firma de 19 instituciones públicas, este pacto busca transformar al acero mexicano en la columna vertebral del desarrollo nacional hacia 2030.